El anhelo orteguiano de vertebración cultural de España: cien años después

Por: Diego Madera | @dieegooms

En su breve y convulsa historia, la filosofía española contemporánea ha abordado diferentes temáticas entre las que, tal vez, la preocupación por España haya sido una de las cuestiones más transitadas desde F. Giner de los Ríos y los noventayochistas. Fueron estas dos de las grandes influencias que acercaron la mirada de un joven José Ortega y Gasset hacia una panorámica sobre la situación española, sembrando así una semilla que germinó en la Escuela de Madrid y cuya impronta no quedó erosionada ni por quienes, como J. Gaos o M. Zambrano, pasaron décadas en el exilio. Ortega durante sus años como estudiante de Filosofía en la Universidad Central tomó contacto con el pensamiento alemán más reciente, familiarizándose con la fenomenología trascendental de E. Husserl y el historicismo de W. Dilthey, y tras realizar estancias en las Universidades de Magdeburgo y Leipzig, comenzó a vislumbrar un nuevo modo de plantear el problema de España. Esta preocupación, que debatió en repetidas ocasiones con M. de Unamuno fue afrontada por el filósofo madrileño desde una perspectiva regeneracionista, pues como advirtió, España desde hacía tres siglos se había encerrado en una abnegación absoluta que no le permitía alumbrar salidas a la crisis pluridimensional que la estaba ahogando. Puede que este sea uno de los puntos más relevantes en el distanciamiento entre Unamuno y Ortega, no habiéndose limitado este último a la lectura de nuestros clásicos (ni habiendo sido cautivado por aquella sobrecogedora mística abulense), sino que se propuso abogar por un programa de cambio en torno a un pensamiento encaminado a la europeización de España (algo en lo que el de Bilbao se mantuvo en cierto modo titubeante).

Por ello, a lo largo de su vida Ortega ocupó su tiempo en tareas como ensayista, catedrático y periodista, dirigendo colecciones sobre filosofía en Espasa-Calpe, publicando desde muy joven en El Imparcial o fundando el que sería uno de sus sellos de identidad: la Revista de Occidente.

De esta forma, Ortega fue una figura implicada en la vida política y cultural de España, participando como diputado en las Cortes durante la Segunda República y fundando asociaciones como la Agrupación al Servicio de la República (junto con R. Pérez de Ayala y G. Marañón) y la Liga de la Educación Política Española, siempre con el firme convencimiento de la enorme importancia de una sólida educación desde la base: “jóvenes haced política, porque si no la hacéis vosotros, alguien la hará por vosotros y, probablemente, contra vosotros”.

La influencia de España en la obra de Ortega se advierte prácticamente desde sus inicios, con la publicación en 1914 de las Meditaciones del Quijote, curiosamente, estrenándose con una obra en torno a un personaje que también tuvo muy en cuenta Unamuno cuando escribió Vida de Don Quijote y Sancho como homenaje a su tricentenario. Podemos reafirmar así la influencia del casticismo en los que probablemente sean dos de los filósofos más ilustres de nuestra historia, quienes a la luz de la reflexión sobre España nos recuerdan que, en definitiva, “somos Quijotes y Sanchos”.

Sin embargo, tal vez las dos obras que resuman con mayor nitidez el pensamiento político de Ortega sean España invertebrada y La rebelión de las masas. La primera de ellas, publicada en 1921, desarrolla un minucioso diagnóstico de la sociedad española del momento, analizando problemas como los separatismos, los regionalismos y la gestión de las administraciones y los gobiernos locales: “Para mí esto no ofrece duda, cuando una sociedad se consume víctima del particularismo, puede siempre afirmarse que el primero en mostrarse particularista fue precisamente el poder central, y esto es lo que ha ocurrido en España. Castilla ha hecho a España, y Castilla la ha deshecho”.

La rebelión de las masas de 1929 va más allá, entroncando la propuesta orteguiana de un régimen aristocrático, en el cual los ἄριστος (/aristos/: los excelentes, los hombres ejemplares), ejecutan el mando del gobierno, no desde una potencia tiránica, sino desde el convencimiento de que la formación cultural es la mejor forma de hacer frente a la degeneración social y, en consecuencia, los intelectuales debían abogar por ella desde la esfera política. No obstante, la propuesta orteguiana no llegó a ejecutarse, pues como señala Gaos, para convencer a España, era necesario configurar un sentimiento místico-religioso frente al cual, Ortega, a diferencia de Unamuno, siempre se mostró muy escéptico desde su juventud (lo que explica su conocida defensa del teólogo frente al místico).

España se cifraba, en clave orteguiana, como un cúmulo de masas gregarias que ensalzaban figuras mesiánicas, las cuales engañaban una y otra vez al pueblo con falsas promesas de regeneración y salvación; desde luego que, ni la regeneración europeísta ni la salvación de la circunstancia en torno a la que pivota el pensamiento del autor madrileño. Como prueba del esperpéntico diagnóstico de un sometimiento por la fuerza que vence pero no convence, se prohibió enterrar a Ortega bajo el título de maestro, siendo quizá este un buen ejemplo de cómo la sociedad de masas, sucumbió y no dio los honores que merecía a quien, ya por aquel entonces, muchos consideraban uno de los filósofos más grandes de nuestra historia.

Afortunadamente, no faltaron los levantamientos que, si bien no lograron instaurar la aristocracia orteguiana en España, fueron disolviendo su gregarismo político como rebaño al servicio de los peores (aquellos que se ocultan y se hacen pasar por los mejores). Esta apertura paulatina a la pluralidad fue una consecuencia lógica de un sometimiento hermético que, en la línea de H. Marcuse, parece naturalizarse a través de una desublimación represiva. Como bien nos mostraron G. Orwell y A. Huxley, estas situaciones acaban quebrándose a raíz de una freudiano-nietzscheana sublevación de los instintos. Por ello, y a pesar de que el cambio social llegara tarde para Unamuno u Ortega, otros pudieron agradecer a sus maestros haber reafirmado hasta sus últimas consecuencias el papel fundamental de los intelectuales en el que Zambrano entendió como el drama de España y, pese a un delirante siglo XX, avistar a lo lejos la salvación de su destino.

¿Dónde nos encontramos actualmente? No creo que si Ortega analizara la situación predominante en España, especialmente en esta crisis del coronavirus que no parece que nos esté siendo fácil solventar, pensara que hemos superado el síndrome popular del gregarismo que amenaza a nuestro pueblo desde el yugo de instituciones dirigidas por gente que más que la salvación de la circunstancia de España, se centran en las políticas para el Yo: el egoísmo en lugar de la política como servicio.

Desde luego que los problemas a los que se enfrenta España actualmente son derivados de odios del pasado cuyas deudas pretenden pagarse no con fusiles, sino con propagandas que, desde el Congreso, abastecen de odio un lugar que debería representar lo mejor de nuestra identidad. Tal vez, esto revele que J. Muguerza estaba en lo cierto cuando tachó de ineficaz la propuesta dialógica de K.-O. Apel y J. Habermas, en tanto que, a pesar de que el diálogo (que a mi juicio, es y debe ser el arma política de una democracia) tenga el propósito de lograr un consenso entre las partes, tal pretensión no tiene por qué garantizar la existencia efectiva de un acuerdo que lleve a una vía común. El diálogo en Muguerza es una forma más de canalizar la violencia para uniformizar (si es que es posible) perspectivas plurales, de modo que propone, frente a la universalidad del imperativo categórico kantiano (que han tratado de reformular las propuestas discursivas de la Escuela de Frankfurt), el imperativo de la disidencia, con el cual, no se legitima la imposición de puntos de vista particulares sobre la mayoría, pero sí se defiende el incumplimiento de todo mandato de índole colectiva que contraríe los derechos individuales. Esta determinación siempre me ha recordado a la desobediencia legítima que ya apuntaba T. de Aquino, según la cual, es lícita la transgresión de los preceptos de aquellos gobernantes que no reflejen en la ley positiva el mandato de la ley natural. Desde luego que la postura de Muguerza va por derroteros muy distintos a la cuestión teológico-teologal tomista, pero el debate sobre la licitud de la desobediencia es, en cierto modo, semejante en ambos autores. Por ello entiendo que, de partida, puede surgir un grave problema en torno a esta cuestión: determinar cuándo una ley es justa o no.

Si a nivel individual, cada ciudadano sostiene en base a este principio ético su legítima desobediencia a la ley, se rompería el orden democrático que ya de partida, resulta convulso en situaciones como la que, según nos advierten los acontecimientos más recientes, atraviesa actualmente España. Por ejemplo, ¿no sería esto un recurso para que partidos independentistas proclamen la independencia de Cataluña o para que partidos de corte conservador frivolicen hasta trivializar asuntos como el género? Estos y tantos otros problemas son los que plantea este equilibrio entre la obediencia al derecho y el imperativo de la disidencia. No obstante, creo que Muguerza encontró una solución en cierto modo utópica, que lejos de deber ser considerada como un proyecto sin escenario de realización (u-topos), debe servirnos como estándar para nuestra actuación moral en la cual es imprescindible que la esperanza (en sentido blochiano) se imbrique con un necesario ejercicio de racionalidad. De este modo, propone una dimensión utópica horizontal en torno a la obediencia a la ley, para que, desde un nivel individual, haya un consenso ciudadano próspero, pero también advierte una dimensión vertical, que a través del impulso ético en torno a la disidencia, logre abatir situaciones de injusticia social y alcance un nuevo orden colectivo más justo. Si bien es una solución aparente, cae en el problema del amparo en torno a la racionalidad y su demarcación. ¿Acaso Pedro Sánchez, Pablo Casado o Santiago Abascal comparten la misma racionalidad que Gabriel Rufián sobre el debate independentista? Desde luego que no, y eso que, en este caso, estamos enmarcando el problema en las Cortes, donde a pesar de lo que últimamente encontramos, se respira un ambiente de respeto y cordialidad institucional (aunque muchas veces no sea más que la fachada de una beligerante “paz armada”). Sin embargo en las calles, la violencia física ha sido más que patente en los últimos meses, llenando España de víctimas y verdugos que escinden el sentimiento de unidad de sus ciudadanos, no ya como españoles, sino como personas. ¿Creería Ortega que el gobierno de los aristos consentiría tal invertebración social? Nada más lejos de su proyecto regeneracionista.

Puede que la diferencia que señala J. L. Villacañas entre la societas civilis y la res publica nos ayude a encauzar este problema pues, partiendo del reconocimiento de la irremediable distancia entre ambas, debemos buscar su continuidad en tanto que el nivel social es una condición intrínseca de todo ser humano. Por ello debemos encontrar pautas para conformar agrupaciones colectivas regidas bajo presupuestos de paz y justicia que no menoscaben el bienestar individual de cada integrante. Esto hace necesario un orden vertical de gobierno que certifique estas garantías de bienestar social y ha de instaurarse en torno a la representación de los colectivos que debe proteger. Esta simple visión plantea la necesidad de identificar la ley en torno a la universalidad de la sociedad civil, al margen de particularismos religiosos, éticos o históricos, que tampoco deben ser olvidados en tanto que la construcción de la normatividad en la res publica es una tarea común de todos los que participamos en ella. Por este motivo creo que, volviendo a Habermas, el ejercicio de la democracia precisa de un diálogo entre todos los individuos que nos acerque a la fraternidad de la societas amicorum de J. de Fiore. Tal vez esta tarea no es sencilla y, como plantea Ch. Taylor, pueda matizarse, pero me parece más apta para su desempeño en sociedades como la española actual, que las legitimaciones de disidencias al poder político o que las propuestas de aristocracia orteguianas. Muguerza y Ortega fueron dos intelectuales cuyo compromiso hubiera impedido menoscabar el orden de justicia de España en favor de sus intereses particulares. No obstante, sus ideas mal aplicadas derivarían fácilmente en situaciones de golpismos anticonstitucionales y de tiranías totalizadoras, ya que actualmente y como podemos comprobar a diario, no son los aristos quienes se sientan en los escaños que un día ocuparon ilustres como B. P. Galdós, Unamuno, Marañón u Ortega, sino personajes que más bien encajarían en programas de entretenimiento que en las filas de la representación política de una España doliente la cual, aun habiendo soltado el fusil, todavía merece el desaliento con que M. Hernández lamentaba: “¡ay España de mi vida, ay España de mi muerte!”

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